El coordinador del Banco Mundial para América Latina, Javier Aguilar, señaló que Perú necesita una estrategia u hoja de ruta consensuada que le dé una mejor dirección al desarrollo de las actividades extractivas y sus políticas, sobre todo en este contexto de transición energética donde la demanda de minerales críticos se incrementará.
“Los proyectos pueden avanzar, pero en esta coyuntura debe ser con el gobierno por delante, no como antes, que se pedía que las empresas lo solucionen. No hay solución si no se llega a acuerdos o consensos. Lo que se requiere es inversión fuerte del Estado para identificar donde están los actores principales y sobre todo para tender puentes”, aclaró.
Agregó que Perú requiere desarrollar políticas públicas que simplifiquen procedimientos administrativos. Asimismo, se requiere la compañía del Estado para potenciar proyectos mineros, dentro de ello una mejor gestión para evitar conflictividad social.
El Perú cuenta con 27 proyectos de extracción de cobre pendientes para su ejecución. De desarrollarse, con miras al 2040, incrementará su participación en la producción global en 6%. Actualmente dota del 10% de cobre a nivel mundial precisó Javier Aguilar, especialista en minería.
Carrera de Fórmula 1
En el foro “La necesidad de innovar la política minera en la era de los minerales críticos”, precisó la importancia y necesidad de innovar en políticas públicas mineras para que los proyectos se concreten.
De esta forma, lograr que estén en etapa de producción en el lapso de 15 años, pues según proyecciones, el requerimiento de cobre se duplicará. “Es una carrera de Fórmula 1, se necesita tecnología, colaboración, liderazgo, solo así se ganan carreras complejas”, expuso.
Aguilar observó la lentitud en la elaboración y aprobación de procesos administrativos por políticas públicas tediosas como la realización de los instrumentos de gestión ambiental, que demora 5 veces más del tiempo que estipula la norma y los instrumentos de evaluación que demoran 6 veces más.
“Y hay varias empresas o entidades que deben opinar sobre los permisos de explotación de los proyectos, lo que genera retraso, además, deben cubrirse los gastos del alargamiento de la ejecución del proyecto (…) la transición de los Estudios de Impacto Ambiental evaluados por el Minam para su factibilidad y luego por el Senasa”, refirió.
