Por: Renato Lazo Bezold. Abogado especialista en combustibles y gas natural
La reciente aprobación del PL679 por parte de la Comisión de Energía del Congreso de la
República, es un paso de importancia hacia la masificación del gas natural y, por tanto, hacia una
mejora de las condiciones de vida de los pobladores de las regiones del país y hacia la tan
necesaria paz social.
El gas natural, genera ahorros significativos a las familias, las cuales dejan de gastar, en
promedio, entre S/25 y 45 mensualmente. Si según el INEI una familia promedio percibe
S/45.89/día, este monto de ahorro es muy importante.
En el caso de los taxistas que utilizan GNV, el ahorro va entre 40% y 60% y esto ha permitido a
muchos de ellos pasar de choferes a microempresarios. Hoy cuentan con pequeñas flotas de
entre 2 y 5 vehículos que son conducidos por ellos mismos o que son arrendados, lo que les
procura un mayor ingreso y una mejora en su calidad de vida que se extiende a su grupo familiar.
Por otro lado, los comercios e industrias que aún persisten en desarrollarse fuera de Lima y que
realizan actividades industriales (muchas de ellas de pequeña y hasta mediana envergadura),
encontrarán en el uso del gas natural una oportunidad de hacerse más competitivos, de impulsar
el crecimiento de sus emprendimientos y de crear más y mejores puestos de trabajo.
A la fecha, estos pequeños y medianos industriales de las regiones de nuestro país pagan por la
energía para sus labores productivas hasta 12 veces más lo que paga una industria de igual
tamaño y del mismo sector en la capital. Las tarifas de gas natural de los concesionarios del norte
y del sur, según la información levantada por la propia Comisión de Energía del Congreso de la
República, llega a ser 215% y 232% (respectivamente), más caras que la tarifa de gas natural
para uso “Industrial” de la concesión de Lima.
Incluso un combustible como el Residual (más contaminante que el gas natural) es, en ciertos
escenarios, alternativa energética para estas industrias del Sur e incluso para el segmento
pesquero del Norte; lo que afecta su competitividad y contraviene la Política Energética del país.
Y es que, en la estructuración de las Concesiones del Norte y del Sur, los volúmenes consumidos
por las industrias localizadas en esas zonas de concesión debería servir para aliviar el costo de
la masificación residencial de estas regiones (construcción de redes de ductos).
Pero si las tarifas de gas natural de las concesiones de la red de ductos de gas natural de estas
regiones son altas, los industriales allí asentados, buscarán energéticos alternativos y no se
conectarán al concesionario, lo que afectará a todos los usuarios y potenciales usuarios de estas
áreas de concesión; pues aquel supuesto “equilibrio” del modelamiento de estas concesiones,
se rompe y, como ha pasado especialmente en la concesión del Sur, el Concesionario ve que su
inversión no tendrá retorno, por lo que retrasa o paraliza sus inversiones y los perjudicados son
los pobladores que no tendrán las redes de ductos para conectarse al gas natural y que, incluso,
podrían ver afectados sus trabajos pues las industrias de sus regiones serán menos competitivas,
por lo que buscarán trasladar sus operaciones a la capital.
Ahora bien, si en cambio el gas natural llega a las regiones a una tarifa competitiva con la de
Lima (incluso para la industria), el Concesionario no tiene excusa para retrasar o paralizar sus
inversiones y la población de la zona de concesión se ve más rápidamente atendida en su
necesidad de contar con un energético barato; pero no sólo ello, sino que además y como hemos
visto, la industria de estas zonas o regiones encuentra energía barata y con ello, tiene mayores
posibilidades de hacerse exitosa y de crear más puestos de trabajo; lo que generará mejores
condiciones de vida para la población de las regiones.
Es pues momento de que el Pleno de nuestro Congreso de la República apruebe finalmente este
Proyecto y no admita que intereses privados, puedan volver a intervenir para desnaturalizarlo.
Se necesitan señales claras para permitir que los peruanos compitamos en igualdad de
condiciones, impulsando la descentralización del país, entendida esta última como una
oportunidad para la pacificación del Perú.
