La congresista Rosselli Amuruz presentó una acción de amparo para dejar sin efecto el alza del precio de los peajes de Rutas de Lima, debido a que, según indicó, vulneran «derechos fundamentales» de los usuarios.
La demanda fue interpuesta ante el Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, horas después de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, asistiera al Tribunal Constitucional (TC) para rechazar que ese costo varíe, a partir del 30 de enero, de S/ 6.50 a S/ 7.50.
El burgomaestre dijo ante los magistrados del TC, que deberán resolver un hábeas corpus para que los peajes en Puente Piedra pasen a ser administrados por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape). Con la acción de amparo, Amuruz solicita que, hasta que ese recurso no sea resuelto, el alza de peajes quede anulada.
La legisladora presentó la demanda a solo seis días de la fecha prevista para que entre en vigor el reajuste que, según Rutas de Lima, se debe a la inflación acumulada de 2022 y 2023. Si el Poder Judicial no admite a trámite la acción de amparo ni la evalúa, a partir el próximo martes, los usuarios que transiten por la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé desembolsarían un sol más para pasar las casetas.
“El incremento tarifario empezó en 2 soles, pasó a 6.50, está pasando a 7.50, pero se va, por los menos, a 17 soles. Esto no lo para nadie porque está en el ‘contrato’, esta asociación criminal: una alcaldesa criminal y la empresa más criminal de la Tierra”, dijo el burgomaestre ante el máximo intérprete de la Constitución.
“El petitorio es retrotraer al estado anterior a la violación de derechos humanos, libertades fundamentales, lo cual implica que el Tribunal Constitucional ordene a la Municipalidad de Lima la administración de todas las garitas de peaje, eliminando el cobro de los vecinos de las zonas afectadas”, agregó
