Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone la exoneración total del pago del pasaje en el transporte público urbano e interurbano para las personas adultas mayores de 65 años. La iniciativa plantea que el beneficio se acredite únicamente con la presentación del DNI, sin necesidad de carné adicional ni trámite previo, y que las empresas operadoras estén obligadas a otorgarlo bajo el marco de la ley, con sanciones establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en caso de incumplimiento.
El texto legal plantea modificar la Ley 26271, que regula los pases libres y diferenciados, para incluir explícitamente a los adultos mayores de 65 años dentro de los beneficiarios de pases libres, y reafirma que este derecho se verifica mediante el DNI. Además, la propuesta establece que el Poder Ejecutivo deberá adecuar las disposiciones reglamentarias en un plazo máximo de 60 días para su implementación, mientras que la norma entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.
En su exposición de motivos, el proyecto sostiene que la población adulta mayor en Perú supera los cuatro millones de personas y se proyecta que se duplicará en los próximos veinte años, por lo que el costo del transporte constituye una barrera para su movilidad, acceso a servicios de salud, participación social y autonomía. La iniciativa argumenta que la medida se alinea con la protección constitucional de la dignidad humana y con estándares internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que impulsa políticas de movilidad e inclusión.
El proyecto también sostiene que la iniciativa no generaría un costo directo al Tesoro Público, pues no implica subsidios estatales, sino que el impacto recaería en los operadores privados, aunque se considera marginal por el bajo porcentaje de usuarios adultos mayores. Además, plantea beneficios sociales y reputacionales para las empresas de transporte, así como una reducción de conflictos por cobros y mayor inclusión de los adultos mayores en la vida comunitaria. El debate, sin embargo, podría centrarse en la viabilidad operativa del modelo y en la necesidad de un marco regulatorio claro para su ejecución.
