La prohibición de suministro de gas natural para el transporte particular y de carga obligará a más de 336 mil taxistas y camioneros a abastecerse de gasolina o GLP, según el tipo de motor dual con el que haya sido configurado el vehículo, advirtió Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económico de la Asociación Automotriz de Perú (AAP).
El cambio a otros combustibles –agregó– tendrá una repercusión económica, pues, en comparación con el gas natural, la gasolina y el GLP son 55% y 70% más caras, respectivamente, costos que se trasladarán al usuario final y encarecerán el precio de los alimentos a nivel nacional.
Incluso, a nivel de vehículos livianos, las más de 2,500 mototaxis que dependen únicamente del gas natural y no hallar otro sustituto tendrán que paralizar sus labores, lo que afectará la movilización de personas en zonas donde no existe el transporte público masivo.
Para Morisaki, la restricción del despacho de gas natural disminuirá el interés de los conductores por la conversión de sus vehículos, cuyo pico máximo llegó a 75 mil conversiones en el año 2022, para después caer progresivamente a 55 mil en 2023, 44 mil en 2024 y 35 mil en 2025.
Y si bien el cambio a la gasolina, diésel o GLP permitirá la continuidad del transporte particular y de carga, también es cierto que estos derivados podrían encarecerse a medida que el precio internacional del petróleo siga subiendo por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz, un canal por donde transita el 20% de la producción global.
“La rotura del gasoducto debería solucionarse en 14 días, pero si esto se prolonga, el bloqueo podría llegar al transporte público. Depende de un único ducto es sumamente riesgoso. Falta decisión política del Estado para masificar el gas natural a nivel nacional y no a través de un solo ducto”, afirmó Alberto Morisaki.
