Colombia ha decidido retirar los subsidios al precio del diésel para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, pero no para el transporte público de carga y pasajeros, con la justificación de que estos sí cumplen una función social esencial y ayudará a evitar que una eventual alza en su precio se traslade al costo de los alimentos y el bolsillo de las familias.
“El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger al empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien explayó que la implementación será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país.
Consultado por Mobilityportal, Juan Padilla, con más de 15 años de experiencia en el sector de la sostenibilidad de empresas de logística, respondió que la continuidad de los subsidios al diésel para el transporte de carga y pasajeros retrasará las pruebas con camiones eléctricos y la puesta en marcha de infraestructura de carga, así como el objetivo nacional de exportar vehículos eléctricos.
“Las señales también son confusas pues se genera el subsidio en quienes más los usan y esto retrasa el interés en acelerar las pruebas para el uso de energías limpias, que hasta hoy han demostrado bastante ineficiencia por la ausencia de infraestructura de carga”, destaca.
